Ante la investigación que le adelanta la Fiscalía General de la Nación a la exgobernadora de La Guajira Oneida Reyeth Pinto Pérez, el Juzgado 5 Penal Municipal con función de control de garantías de Riohacha había prorrogado la orden de captura el pasado 1 de julio en su contra, por el término de un año, para que cumpla la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario que le fue impuesta el 5 de julio de 2019. Tal decisión se materializó en las últimas horas, luego de que la investigada se presentara de forma voluntaria ante las autoridades. 

Pinto Pérez fue asegurada por las posibles irregularidades en contratos de obras para los años 2010-2011 en el municipio de Albania (La Guajira). Al parecer, habría creado la fundación Princesa Negra, para que se encargara de realizar la auditoría al contrato de adoquinamiento de vías en ese municipio, por valores que ascienden a más de $ 12.000.000.000. Los investigadores establecieron que existió un posible detrimento a ese municipio por $5.981’965.192.

Por tales inconsistencias, el ente acusador le imputó cargos en el año 2019 como presunta responsable de los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.

A través de las indagaciones se evidenció que la selección del contratista era amañada y que lo buscado era apalancar la campaña electoral de la señora Pinto a la alcaldía de Albania, mediante la supuesta contratación de cerca de 2.000 personas, que se encargarían de las obras, y quienes habrían recibido pagos sin haber laborado. Al parecer, los supuestos trabajadores ingresaban al programa a consecuencia de su simpatía política. 

Caso delegados ante la Corte Suprema

Oneida Pinto también se encuentra vinculada al caso conocido como mortalidad infantil, que se encuentra en etapa preparatoria ante el Juzgado 25 de Conocimiento de Bogotá. Los hechos tienen relación con la celebración de un convenio interadministrativo entre la Alcaldía y el hospital San Rafael de Albania con miras a reducir los índices de mortalidad en niños, niñas de 0 a 5 años, madres gestantes y mujeres embarazadas. 

El valor del convenio ascendió a más de $ 18.900’000.000, en el cual la Fiscalía evidenció una pérdida de recursos por el orden de los $ 6.900’000.000.

Las anomalías radican en el supuesto manejo irregular de la ejecución contractual, el falseo de todos los documentos contractuales y el trasfondo político dado que solo trabajaban en el mismo quienes manifestaran su apoyo político a Oneida Pinto.

*Con información de la Fiscalía General de la Nación.